Más de diez años demoró la discusión de la ley de divorcio en Chile. Los argumentos de la izquierda para conseguir su promulgación fueron que había que corregir su espíritu fraudulento y legalizar miles de situaciones irregulares. Es decir, evitar que ciertas parejas para anular su matrimonio civil, tuvieran que apelar al engaño usando testigos falsos arguyendo una mala inscripción civil. No obstante que esas mismas personas pudieron anular sus matrimonios acogiéndose al derecho canónigo de la Iglesia Católica; es decir pedir su anulación por un vicio de origen, o porque la unión conyugal, espiritualmente nunca se constituyó. Amparo eclesiástico, cuyo respaldo moral es infinitamente superior al respaldo legal. No olvidemos que la institución familia y matrimonio es anterior a la constitución de los estados y de la prevalencia del derecho positivo. Claro está, que eso no regía para aquellos que no se habían casado por el rito cristiano, que son los menos.
Otro argumento era que la nueva ley de divorcio, resolvería situaciones de separación de hecho y matrimonios vueltos a casar por muchísimos años y cuya nueva situación civil, filial y patrimonial no estaba amparada por ninguna ley.
Los argumentos en contra, fueron que el matrimonio era un bien social tanto como un bien particular. Que no había para que abrir las puertas al divorcio masivo para resolver una cantidad menor de situaciones por dramáticas que fueran. Sobretodo pensando que la institución matrimonio apunta a consolidar afectivamente a la familia dentro de un contexto de amor de pareja, y ésta a su vez aglutina y equilibra la sociedad.
En otras palabras se iba a legislar para resolver situaciones de una cantidad menor de casos en problemas, pero se abría la posibilidad de que la ley fuese utilizada irresponsablemente por muchos otros dejando en el abandono a cónyuges y familia. Lo que de algún modo hacia caer también el principio de igualdad ante la ley. Y que lo que verdaderamente perseguía la izquierda con dicha ley, era minar las bases de la estructura valórica de nuestra convivencia nacional. Con un propósito de poner una cuña a favor del socialismo y su “modelo” “pluralista” de sociedad.
Lo curioso de ésta historia, y que vendría a confirmar la intención sociopolítica que adujeron los opositores a la promulgación de dicha ley, es que después de un año de su vigencia, si bien no ha sido utilizada irresponsablemente, tampoco ha habido demasiada gente interesada en tramitar su divorcio, pues hasta el momento solo se han concretado 80 divorcios. Lo inaceptable es que en virtud de dicho “exiguo” resultado, el gobierno dice que la ley es un fracaso y que hay que “enmendarla” introduciéndole “mejoras”, pues no se convence que los divorcios sean tan pocos. Esta insólita proposición confirma las peores aprensiones en cuanto a que dicha ley no era para resolver asuntos técnicos o morales, sino que tenía y tiene la intencionalidad política más abyecta de todas, el interés político partidista y del éxito de su agenda antivalorica, Y no el bien de la sociedad. No se entiende de otro modo, que se insista en forzar una realidad que habla por sí sola.