Amedida que ha arreciado el escándalo de las indemnizaciones, personeros públicos y gremiales han ido emitiendo declaraciones de diversa índole, que sólo han servido para revelarnos el nivel de relativismo, retórica y primacía de intereses personales en que se debate la vida nacional.

Un ex presidente de la Cámara de Comercio de Valparaíso llamó al empresariado a participar en política, "porque no puede ser que quienes generan más del 80% del producto nacional estén administrados por un grupo de corruptos."

El presidente del PS dijo que autoindemnizarse en altísimas sumas "es un dilema muy central de la democracia moderna, que trata de cómo se construye un código de honestidad a toda prueba de quienes son víctimas de alguna manera de un sistema espectacularmente competitivo, individualista y mercantilista." Agregó a renglón seguido que "las funciones públicas deben estar sometidas a normas y reglas que vayan más allá de la lógica del mercado, es decir, a aquéllas que corresponden al servicio publico". Y terminó señalando: "La Concertación es la única coalición posible de recrear; la derecha no puede hacerlo, pues el mundo valórico e ideológico en que se mueve se lo impide".

Similares conceptos esgrimió el ex presidente Aylwin para explicar cómo decenas de funcionarios públicos militantes de partidos, con buenos sueldos, afectos a leyes de inamovilidad laboral, y sin correr riesgo alguno en cuanto a inversión de capital y de trabajo propio, se llevaron legalmente dineros de todos los contribuyentes, que en algunos casos alcanzaron montos cercanos al millón de dólares, mientras en el país hay 630 mil familias sufriendo la peor cesantía de los últimos 17 años y a las cuales se les ha otorgado un subsidio estatal único de 21 dólares.

Añadió el ex presidente que las personas que se beneficiaron no fueron políticos propiamente tales, sino profesionales y técnicos con militancia partidista. Por último, declaró: "No les reconozco autoridad moral a quienes promueven la aplicación de la lógica del mercado en las empresas estatales pero fustigan el pago de altas indemnizaciones en ellas."

Stalinismo rancio

Vamos por partes. Es lamentable tener que corregir a un ex presidente, pero peor es dejar que se siembre la confusión en forma tan rotunda. No todos los que percibieron cuantiosas indemnizaciones eran profesionales o técnicos con militancia partidista, como quedó demostrado en el caso de un vicepresidente de la propia DC, que tuvo que renunciar. Pero aunque así hubiese sido, no se entiende cómo profesionales formados toda una vida por los valores que dicen profesar sus partidos políticos se aprovecharon del Fisco en despoblado para enriquecerse de una manera tan poco digna, y que se mostraron como verdaderos incontinentes a la hora de administrar los dineros públicos.

Ahora bien, el presidente del PS, e incluso el mismo ex presidente Aylwin, afirman que la lógica de la competencia del mercado es maligna y fatal para la ética humana, pero no consideran que esa misma lógica de competencia sea igualmente nefasta para el sistema democrático de elección popular. Esa incongruencia resulta bastante difícil de entender y de digerir, e induce a calificar dichas opiniones como sospechosamente interesadas. Más aún cuando en ambos estadios el sujeto que manifiesta sus preferencias es exactamente el mismo. Parece también un poco tenebroso sugerir el regreso a cierto idealismo con la pretensión de crear un código de honestidad que nos entregue un hombre perfecto, y de pasada autodesignarse como el único referente gubernamental que puede conducir valóricamente el orden político. Lamento decirlo, pero ambas cosas huelen a rancio stalinismo.

Errores del socialismo y del liberalismo

Pero en fin, más allá del notable abandono de la función fiscalizadora en que ha incurrido la Concertación, de que tenemos leyes que no son éticas, y de suponer que los funcionarios públicos con militancia partidista pertenecen a una especie humana distinta a la del resto de los ciudadanos, quisiera señalar lo que a mi juicio constituye la causa de fondo de todo este odioso e injusto episodio. Pienso que tanto el liberalismo como el socialismo generaron las condiciones para ocurriera lo que ocurrió, porque ambos comparten por igual un mismo error ideológico: confundir el papel público con el que es propio de la acción particular. Y también confunden la aplicación de principios operativos que rigen cuerpos o sistemas que persiguen objetivos absolutamente distintos.

El servicio público cumple una función contrapuesta a la de las empresas, que tienen que competir en un mercado libre y que están sometidas a cambios constantes, impredecibles e imposibles de homogeneizar centralizadamente, como nos lo ha demostrado la historia durante el siglo XX. Aparentemente, esa confusión es lo que sugieren los líderes de la izquierda.

El único y verdadero papel del estado es promover el bien común, y no los intereses particulares, pues el manejo de ambos intereses en forma simultánea provoca inevitablemente su recíproca colisión, afectando ya la honestidad y credibilidad políticas, ya la rentabilidad o la supervivencia de las empresas, como ha quedado demostrado en el episodio de las indemnizaciones.

La sociedad no es un conjunto de partes independientes; por lo mismo, el bien común no es la simple suma de los bienes particulares, o una mera condición favorable para que esas partes satisfagan sus intereses en forma individual y separada. Es un todo valórico y operativo por igual, y la única diferenciación que existe entre los miembros de la sociedad está señalada por las capacidades, aportes y/o entrega individuales que hagan en sus respectivas organizaciones o lugares de trabajo.

El papel privado, en cambio, tiene por objetivo defender el interés particular, y aplicar oportuna y eficazmente los principios operativos y comerciales que rigen cada actividad específica, y no aquellos que rigen al estado y al bien común. En otras palabras, aquél que actúa en el ámbito de lo privado no debe inmiscuirse en la cosa pública, y tampoco aplicar los principios públicos a las actividades particulares. A la inversa, el que tiene a su cargo el manejo del bien público no debe entrar en el ámbito de lo privado, ni regirse por sus principios operativos. Y mucho menos competir a través de empresas productivas o de servicio con los ciudadanos a los cuales debe o dice servir. Y esto porque todo bien particular es siempre individual y circunstancial, mientras que el bien común es permanente, y rige para todos por igual.

Contradicción política

Lo esencial de la política no consiste en dictar normas y más normas, sino en la naturaleza ética de esas normas. Y la sabiduría política consiste en dirigir una sociedad, de acuerdo a sus circunstancias reales, directa-mente a la consecución del bien humano completo, de manera que todas las personas puedan desarrollarse moral, social y materialmente a través de sus acciones diarias y corrientes, en forma activa y en primera persona. Pero como eso escapa a la acción individual, debe ser asumido por la autoridad elegida para conducir el bien común político. Los encargados de esa tarea deben ser los mejores, independientemente de su color político. Su remuneración debe concordar con la dignidad de su investidura, y ser acompañada de los honores propios de la dirección más alta, que es el manejo del estado.

La índole original de la política hace que su fin sea el bien común del hombre, y el de construir las estructuras idóneas para lograr ese fin, con el sello de ese mismo bien. Cualquier cosa que escape a ese principio cae en el ámbito del interés particular o de grupos, pero no en el del bien de la nación y de sus ciudadanos como un todo.

En resumen, el hecho de que el Estado posea y administre empresas económicas es una contradicción política, que subvierte su propia naturaleza. Pues lo induce a introducir principios o hacer primar intereses políticos conduciéndolas a riesgos o a cuantiosas pérdidas. Mientras ese equívoco economico-ideológico subsista en nuestro país, la autoridad política no tendrá la legitimidad que otorga el principio de bien común eficientemente aplicado y que es fundamental para gobernar ética y ejemplarizadoramente.