La política es responsable de generar paz, trabajo y prosperidad a la sociedad, y de regular los comportamientos intersubjetivos. La justicia, en cambio, es su medio práctico de aplicación de la ley, con el cual se pretende dar a todos y a cada uno lo suyo. Pero en el caso de una pulverización institucional como la de 1973, el orden político era el responsable último de resolver el conflicto que sus mismos actores habían provocado, y que tenía sumido al país en la mayor crisis de su historia, más aún habiendo sido vulnerado "N" veces el Poder Judicial, como lo dijo la propia Corte Suprema en aquella época.

El Parlamento y la Corte Suprema declararon que el gobierno del Presidente Salvador Allende había caído en la ilegalidad y quebrantado la constitución. El mandatario, a su vez, se manifestó en total desacuerdo con dicho pronunciamiento. Ese impasse puso recíprocamente en jaque a ambos bloques de poder, dejó técnicamente acéfalo el Poder Ejecutivo, y evidenció la incapacidad de nuestro sistema político para dirimir la crucial disyuntiva. Esa crisis extrema se vio inflamada por gravísimas decisiones políticas del propio partido de Allende, cuando declaró públicamente en dos congresos consecutivos su opción de hacerse del poder total mediante las armas. Y esa intención contó con el apoyo del gobierno y el ejército cubanos.

La inconstitucionalidad, la intromisión extranjera y la abierta incapacidad política del país hicieron que el poder recayera automáticamente en la institución que de hecho lo tenía, y específicamente en su comandante en jefe, legítimamente nombrado por el Presidente Allende, y a quien nuestra institucionalidad desde siempre le ha confiado la defensa del orden constitucional y además la custodia de las armas. Siendo las FF.AA. el último dique de contención antes de la desintegración total del Estado, tenían de facto la facultad de decidir la forma de utilizarlas, a fin de restablecer la paz interna del país, por sobre cualquier otro fin. Y a partir de ahí restablecer las bases constitucionales y el imperio de la ley.

Lograr rápidamente ese propósito requería un paso previo: desbaratar los grupos armados irregulares y todo su aparato logístico, que el mismo Allende y toda la izquierda se jactaban de tener orgánicamente activos a lo largo de todo el país. Así se evitó una guerra civil de proporciones, y una considerable cantidad de muertes, hecho este último del cual nuestro continente estuvo plagado de ejemplos en ese mismo período.

¿Pero cómo probar lo que se evitó? Napoleón decía que "los argumentos del vencido siempre serán mejores que los del vencedor". Porque los mayores costos están en el bando perdedor, y lo que se evitó no lo puede demostrar la facción triunfante. Todo enjuiciamiento posterior carga con ese desgraciado síndrome, aunque también está la obra misma del nuevo gobierno durante su ejercicio. Este conjunto de elementos es el que cualquier juicio retroactivo debe tener presente, sopesando además el anacronismo que implica poner en marcha un proceso a casi 30 años de los acontecimientos.
En busca de la verdad

Someter al Jefe de Estado que tuvo que asumir la reorganización institucional, social y económica del país, a un juicio civil o penal, por los hechos que emanaron de su mandato, cuando el país aún estaba en guerra y no abordaba todavía su recomposición jurídica, resulta por decir lo menos judicialmente lamentable. Hayan ocurrido como hayan ocurrido los hechos, Pinochet debe ser juzgado sobre todo políticamente, pero juntamente con él todos los responsables políticos directos del descalabro de 1973. Si queremos la verdad, empecemos por esclarecer las verdaderas causas que dieron origen a la intervención militar. Y hasta es posible hacer ese juicio en los mismos tribunales ordinarios - toda vez que el Senado ya ha eludido su responsabilidad histórica- , conformando una sala política con prohombres respetables que no se hayan visto involucrados activamente en la contingencia de la época, y así detener de una vez por todas esta gangrena que está carcomiendo al país y que puede terminar afectando a otros poderes del Estado.

Procede un juicio político toda vez que un juicio ordinario o sus etapas procesales causan abierta conmoción social, o afectan seriamente el normal desenvolvimiento político y socioeconómico de un país. La mejor prueba de ello es que toda vez que ha habido un paso procesal importante en este caso, el mismo Presidente de la República y la mayoría de sus ministros nos han dicho públicamente, una y otra vez, que las instituciones están funcionando y que la población debe mantenerse tranquila (!!!). Su carácter eminentemente político se constata también al ver cómo el "simple" auto de procesamiento del general Pinochet ha provocado fuertes declaraciones del Arzobispo de Santiago y de otras prominentes personalidades nacionales e internacionales. Esto es tan obvio, que la magnitud del caso ha terminado por afectar al mismo juez Guzmán, quien manifiesta determinadas intenciones y lleva a cabo acciones completamente distintas, induciendo a confusión al país y a la defensa. Utiliza un requerimiento indagatorio no contestado por Pinochet mientras era prisionero de la jurisdicción inglesa y aún mantenía su inmunidad, y mezcla esa irregularidad con ciertos desacatos, apresuramientos inducidos por el temor, y más aún, un insólito respaldo por escrito a una de las partes querellantes, hechos que simplemente dejan atónita a la opinión pública.

El juez Guzmán sabía que este caso exigía una extraordinaria y especial prudencia, y jamás debió haber basado el encausamiento en el sofisma de que los detenidos desaparecidos hace 27 años aún están vivos (!!!), pasando así por encima de la ley de amnistía. El más elemental principio de no contradicción dice que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Y las leyes de amnistía siempre han pretendido asegurar la paz de todos, incluso por encima de la justicia para algunos, cualquiera haya sido su bando de lucha. La prudencia moral debería haber inducido al juez Guzmán a declararse en conciencia incompetente en este caso, porque juzgar a Pinochet implica de algún modo juzgar una serie de sucesos políticos causales y de gran relevancia histórica nacional e internacional: la situación con el Perú en aquella época, el colapso económico nacional, la ofensiva marxista en Latinoamérica(OLAS), la Guerra Fría y las acciones subterráneas de la CIA, la KGB, etc.
Objetivos superiores

La paz interna y el bien común de un país son valores abiertamente superiores a la necesidad de hacer justicia a algunos, cuando ambos objetivos no se han podido compatibilizar al cabo de 10 años, no obstante el respeto que por derecho natural se debe a toda vida humana y el dolor irremediable de cada uno de los deudos. La historia casi no registra casos en que la parte triunfante en una revolución sea ejemplar en la aplicación de la justicia, y esto porque los vencedores difícilmente pueden ser juez y parte en los hechos que ponen en peligro la integridad nacional y hasta sus propias vidas. Por eso se dictan leyes políticas, leyes de amnistía. Con ellas se intenta privilegiar la pacificación ciudadana total sobre la justicia particular, más aún cuando es muy difícil o casi imposible aplicar el derecho al contexto pormenorizado de cada caso.

Dejar esta tarea histórica en manos de los tribunales ordinarios implica el riesgo de no terminar con el proceso ni siquiera en los próximos 10 años, y tampoco con la transición. La justicia chilena debería haberse inclinado por la paz, y no haberse dejado presionar por las interesadas interpretaciones de la ley de amnistía que se hicieron entre los años 90 y 94, y sobre todo por las intervenciones de un ex Presidente que tuvo además una trascendental participación en la actuación de las FF.AA. el 11 de septiembre de 1973, a raíz de haber fracasado como interlocutor entre el Ejecutivo y su partido en esa época, y haber participado en la redacción de la inhabilitación del Presidente Allende por la Cámara de Diputados.

Si estos argumentos no son suficientes para resolver este interminable impasse político, debería pensarse seriamente en convocar a un plebiscito nacional, pues nuestro sistema político nuevamente está fracasando, los chilenos estamos todos extenuados con este clima perverso, y los tribunales ordinarios corren el riesgo de convertirse en su propia víctima política. El bien común es el valor supremo de toda sociedad humana.