Cuando después de cuatro años, constatamos que los salarios han perdido 34% de su valor real, que la distribución del ingreso desmejora, que la productividad nacional no sobrepasa el 30% de los países más competitivos y es incapaz de superar los productos naturales. Que China, sin régimen laboral y con la mitad de nuestros costos laborales, ha depredado buena parte de nuestras Pymes. Con una Argentina que comienza a reaccionar. Con una educación extremadamente deficitaria y 80% de analfabetos funcionales, con una situación internacional que tiende a deteriorarse, y Chile enfrentado a competir con la Comunidad Europea, EE.UU. y ahora Asia, no queda otro camino que flexibilizar la normativa
laboral.

Por eso hay que celebrar que los ministros Solari y Eyzaguirre sean uno de los pocos dirigentes verdaderamente jugados por el futuro de Chile y no por el "rating" político. Han sido claros en definir que flexibilidad laboral va ligada a remuneraciones variables, jornadas flexibles y cambios legislativos sustanciales. Se echa de menos mayor precisión de los gremios empresariales, opiniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), respaldo de los partidos políticos, e incluso mayor liderazgo del Presidente Lagos.

Cómo estructurar el trabajo

Se entiende el rechazo de la CUT, pues la naturaleza humana tiende a negar o a confundirse en todo aquello que no comprende. La praxis económica laboral deberá estructurarse en torno a una seguridad mínima-razonable, a la realidad productiva individual, a los resultados globales de las empresas y a la macroeconomía. Esto implica abandonar 80 años de políticas proteccionistas con nefastos resultados. Es un salto de la "seguridad" a la verdad y al ejercicio de la libertad.

Del antagonismo al protagonismo del trabajador y a la unificación de capital y trabajo.

Todo ello tenderá a nivelar naturalmente las categorías socioeconómicas y políticas. Exigirá como nunca antes a las facultades superiores de los trabajadores (entendimiento e inteligencia práctica), lo que devengará en mejoras productivas, remuneracionales y nuevas aptitudes profesionales.

Pero el cambio demanda mucha cautela y una etapa transicional paso a paso; conmensurar los procesos, preparar softwares, culturizar al trabajador y sobre todo fortalecer la ética empresarial, pues debe transitar de una cultura del dominio a una de integración y acogida. Buscar modos de financiar el pago de indemnizaciones para sanear el sistema. Para ello es imprescindible la colaboración del Estado y de los bancos, más allá del esfuerzo que tendrán que asumir los empresarios ya completamente descapitalizados por una legislación infraproductiva y condenatoria.

El proceso no puede fallar.

Los empresarios deben comprometerse a no despedir mientras se completa la transición. Y el Estado a fusionar y manejar los fondos de cesantía, indemnización y capacitación fuera de las empresas a fin de abrirnos a la libertad de contratación. Una vez concluido ese proceso, hay que hincarle el diente a la educación y construir una sociedad docente: dotarla de planes educacionales más eficientes y realistas, y estrechar su ligazón con las instituciones públicas y empresas productivas. Y sólo entonces, el Estado debe pensar en hipotecar, concesionar o vender empresas públicas para financiar parte del costo del cambio, por ser el responsable directo de las políticas públicas y del destino de Chile.