Los hechos ocurridos en Argentina dejan en claro que sus ciudadanos no han comprendido a fondo la gravedad de su situación interna: quiebre del sistema político y también de la cohesión y responsabilidad social. No sólo han agotado sus reservas financieras, dilapidándolas y malversándolas, sino también agotaron sus reservas morales y su capacidad de gestión política y administrativa. Argentina ha sido ultrajada una y otra vez por sus propios hijos.

Por eso, el grueso de la población no puede pretender quedar eximida de responsabilidades políticas. Cuál más cuál menos han sido objeto y sujetos de un populismo manipulador, a sabiendas de que su voto electoral ha sido siempre "canjeado" por dádivas con cargo al erario público y a costa de transgredir una a una la esencia de las instituciones que configuran el orden político.

Además, un onerosísimo sistema político (US$M5.230 anuales versus US$M1.530 de Alemania), subsidio al trabajo vía masivas contrataciones estatales, jubilaciones exorbitantes, salarios sobre la media de mercado, una convertibilidad irresponsable, un sindicalismo corrupto, un "sistema" de lobby muy injusto con las personas humildes, coimas y evasión tributaria en todos los niveles del poder empresarial y político han cobrado la cuenta. ¿Qué otra cosa podía ocurrir?

No puede la civilidad pretender hoy una solución inmediata y menos sin costo social e institucional alguno. Hacerlo es pecar del mismo mal que le critican a la clase política. Tampoco puede el Estado aprovecharse de la coyuntura - por grave que ésta sea- , y confundir el restringir con el expropiar los ahorros de la gente y capitales de las empresas.

La única salida a la vista es insistir en el intento de unidad y que cada cual asuma su cuota de responsabilidad, para dar paso a una Asamblea Constituyente, recurriendo a la tradición política de mayor peso histórico. La convocatoria de emergencia, más allá de la conferencia episcopal, debiera extenderse a figuras intelectuales extrapartidarias, al mundo académico, ramas de la producción y sindicales ajenas a los actos de corrupción. Y los partidos políticos debieran asumir el papel de meros observadores durante el proceso de recomposición institucional.

Argentina debe levantarse, pero de verdad. Esta vez reformando e integrando las instituciones de trabajo y educación, es decir, haciendo de ellas auténticas instancias de desarrollo moral, profesional y económico. El estudiante y el trabajador deben alcanzar la estatura del protagonismo, y mediante una praxis activa, acceder a dimensiones omnicomprensivas y de constante entendimiento. Así, de paso, ser capaces de discernir lo bueno de lo malo que el sistema político les ofrezca en el futuro. Reformar también el sistema judicial, a fin de que se dedique a velar por el bien de todos por igual y deje de ser una institución que favorece los intereses particulares de las castas dirigenciales. Se requiere una apertura de la economía, mejorar la ética empresarial, el equilibrio tributario y, sobre todo, el sistema político con vistas a una restitución de la democracia, basada rigurosamente en el concepto de bien común.

Chile, a su vez, debe aprender lo que la experiencia de nuestros vecinos nos está señalando, pues la ideologización de la democracia - en desmedro de la razón- ha demostrado ser un mal camino. Es necesario asumir también que tenemos en otro grado, es decir, en proceso, los mismos problemas y pérdida de esencialidad de nuestras instituciones sociopolíticas. Así lo demuestran el 85 por ciento de nuestros analfabetos funcionales, el 84 por ciento de nuestro estudiantado que no alcanza el umbral mínimo de país desarrollado, una salud cada vez peor, las escandalosas autoindemnizaciones de ciertos administradores de empresas públicas, y por último, la vergüenza nacional que significó legislar a favor de sí mismos, y en 24 horas, por la mala inscripción de los candidatos DC. No cabe duda de que el 45 por ciento de abstención real en las últimas elecciones es un espejo de la decepción de la población respecto de la seriedad de nuestro sistema político. Por último, hay que estar alertas e impedir que en nuestro territorio comiencen a operar empresas trasandinas contaminadas con el virus de la corrupción, intentando trabajar con dinero ajeno y enriqueciéndose a costa de no cumplir sus compromisos con los trabajadores, el Estado y los empresarios chilenos.