Chile ha llegado a tener una tasa de desempleo bastante elevada, después de las muy reducidas de comienzos del decenio de 1990, cuando el país gozó de un rápido desarrollo con flexibilidad laboral y una legislación en este campo y el previsional proclive al pleno empleo. La buena situación de ocupación de la época sorprendió a todos, incluidos los más optimistas. Los críticos, que vaticinaron a comienzos del decenio de 1980 que el país sólo volvería a recuperar las cifras del pasado en 10 o 20 años, se equivocaron, y aunque su error, por un tratamiento mecánico del tema, ha quedado olvidado, debiera servir para comprender que lo fundamental en la creación de puestos de trabajo y erradicación de la pobreza es contar con una normativa laboral flexible, que fue la que permitió, además del crecimiento, el rápido pleno empleo.

El desarrollo económico de los decenios de 1980 y 1990 aumentó el empleo y los salarios reales, sin intervención estatal, pero este proceso se frenó al deteriorarse el funcionamiento del mercado del trabajo en la determinación de los salarios y jornadas laborales.

El estancamiento económico de los últimos años ha incidido, sin duda, en el desempleo. Sin embargo, la intensidad del fenómeno dice relación con las medidas laborales aplicadas por los dos primeros gobiernos de la Concertación. El adverso cuadro externo ha perjudicado a todos los países en su crecimiento y en el empleo, pero el efecto negativo ha sido mayor en Chile: la tasa de desocupación de Santiago ha subido en ocho puntos en una década, usando las cifras de la Universidad de Chile, que recogen mejor este fenómeno. Como se verá enseguida, no se trata sólo del resultado de políticas recientes, sino de cambios que han ido madurando paulatinamente, todos dirigidos a enrarecer el funcionamiento del mercado laboral.

La Culpa de la Concertación

En un artículo titulado "¡Aylwin, Otra Vez!" publicado en "El Mercurio" de 19 de agosto de 2001, el ingeniero Sebastián Burr Cerda culpa a la política laboral de la Concertación del actual desempleo. ¿Qué ocurriría - se pregunta- si se aprobara una reforma que aumente en 130 por ciento la indemnización por años de servicio y en 15 por ciento el IVA, que determine un impuesto a la inversión que congele el desarrollo industrial en las comunas de Santiago y que sostenga como política que Chile tiene una deuda social que saldar? Su respuesta es que el crecimiento caería, la cesantía se dispararía en unos ocho puntos y la pobreza aumentaría, con sus consecuencias de delincuencia, drogadicción, etcétera. "Lo anterior, dicho a modo de ficción, es exactamente lo que hizo don Patricio Aylwin durante su gobierno", y que es forzoso recordar cuando ahora llama a un acuerdo nacional por el empleo.
Según Burr, "a inicios de los 90 hubo alto crecimiento porque había una natural y espontánea unidad nacional en pos del empleo y la inversión. Fueron sus medidas económico-laborales las que minaron la unidad y fuerza que la economía traía consigo, y sus efectos retardados afloraron en el gobierno de su sucesor, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, frente a una irrelevante gripe asiática". "El empleo, al parecer, lo estimó como una cosa política y social más que económica y de expansión intelectivo-individual y de favorables consecuencias en el ámbito social". "Una visión reduccionista de este tema lo indujo a cometer muchos errores; entre otros, no prever ni menos anticiparse al advenimiento de la globalización y a la configuración de un mundo del trabajo suficientemente preparado para una economía en constante cambio".

El análisis sobre el gobierno de Aylwin concluye sosteniendo que no aprovechó las fortalezas de la economía nacional y que en lugar de proyectarlas y acondicionarlas "para el inevitable ingreso del país al nuevo escenario globalizado y de constante entendimiento, simplemente se farreó nuestras fortalezas con sus medidas regresivas y a la postre demagógicas, y que de paso nos impiden aún salir de la recesión". "El ex Presidente Frei, a su vez, no tan sólo no supo revertir la situación, sino que la ahondó cuando aumentó el salario mínimo cerca de 40 por ciento. Ahí está el 35 por ciento de cesantía juvenil".

Abolir la Sociedad Salarial

La conclusión del análisis anterior es que "la actual sociedad salarial cumplió su ciclo y no tiene nada más que ofrecer al trabajador en el nuevo contexto global". Los resultados de la última década, con dos millones y medio de afectados por la cesantía y una indigencia que no cambia, se mantendrán a pesar de la reactivación económica que se insinúa. Esto obedece a que la Concertación ignora en qué consiste el trabajador requerido por la nueva economía. De aquí que se observe cierta impotencia y muchos comiencen a plantear que el desempleo actual tendría carácter estructural, es decir, que no variará mayormente con el crecimiento.
"Es tiempo de que nuestra institución trabajo cambie su paradigma técnico positivista, y de la acción en tercera persona vaya a una valórica y de desarrollo moral en primera persona, de manera que la gente obtenga en el trabajo mayores niveles de desarrollo humano, profesional, económico y sociopolítico".

Según este enfoque, habría que abolir la sociedad salarial, adecuando el sistema político para que la institución trabajo se fundamente más en la libertad y felicidad superior del hombre antes que en una comprensión de orden material, que ampara "una supuesta protección al trabajador, cuando está demostrado que es todo lo contrario". Los sistemas de remuneraciones debieran liberarse, eliminando el esquema de antagonismo salarial, reemplazándolo por otro abierto, de ingresos personalizados, que ofrezca oportunidades económicas variables, cualquiera sea el nivel del trabajador. Se deben considerar otras formas de integración laboral, incluyendo participaciones en las empresas individuales o en grupos de ellas.

La competitividad de las pequeñas y medianas empresas, claves para el empleo, se verá afectada fatalmente si no se liberalizan las exigencias, como muchas suscritas con la OIT, que otros países como China no consideran. La globalización exige también flexibilidad salarial, sobre todo para períodos recesivos como el actual. Se debe permitir la reducción de remuneraciones cuando el país es más pobre por bajas en los términos de intercambio. La indización salarial se debe abandonar, evitando absurdos como el que cuando sube el precio del petróleo, que Chile importa, y el ingreso por persona se reduce, los salarios suban porque aumentó el IPC por el alza de los combustibles. En un cuadro así, los ajustes de las empresas se traducirán siempre en desempleo exagerado.

Los salarios no deben diferir de las productividades y si se insiste por ley en que los primeros puedan superar a las segundas, la cesantía no decaerá. "Chile debe abrirse a la libertad laboral responsable y equilibrada y, si no lo hace, está condenado a volver al tercer mundo por sus escasas fortalezas tecnológicas, financieras y de infraestructura".